Hace poco valoraba el anteproyecto -ahora ya proyecto de ley- de Economía sostenible, especialmente a partir de un estupendo informe. Ver aquí comentario.

Pues bien, el Consejo de Estado ha emitido Dictamen sobre dicha ley. El texto completo AQUI, un extracto sobre el tema de cierre de páginas web que he realizado, AQUÍ

El Dictamen no ataca a la base de la reforma, puesto que como yo mismo considero, es constitucional, sin perjuicio de que técnicamente mejorable y políticamente criticable. Eso sí, sigue el criterio del informe del CGPJ y critica que no se haya hecho caso alguno a dicho informe.

Se recuerda que:

“cabe la duda de si corresponde a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual una ponderación de las circunstancias concurrentes para decidir si es o no necesaria la autorización judicial, en función de si las medidas adoptadas pueden o no afectar los derechos del artículo 20 de la Constitución. Dicha duda se disipa en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que requiere en todo caso la autorización judicial. ”

Todos dudan del tema fundamental, que la LES resuelve con la reforma jurisdiccional y el nuevo 122 bis, que exige autorización judicial siempre de la  A. Nacional.

A este respecto decía el CGPJ que

“la CPI no gozará de autonomía para ponderar si, en el caso concreto, las medidas a adoptar pueden afectar a los derechos y libertades del artículo 20 CE, antes bien deberá cursar la autorización al órgano judicial competente ante la mera posibilidad de que tales derechos y libertades puedan verse afectados”

El punto de partida es la “duda” de si la administración -o autoridad independiente- puede hacer esta ponderación:

“”Cabe la duda de si la Sección Segunda CPI podrá efectuar una previa ponderación acerca de si, en el caso particular, es necesario recabar o no esa autorización judicial. Dicho de otro modo, no termina de quedar claro si la intervención judicial deberá producirse en todos y cada uno de los casos en los que la Comisión haya resuelto interrumpir un servicio de la sociedad de la información o retirar ciertos datos o contenidos, o únicamente cuando, dadas las circunstancias, la propia Comisión estime que esa interrupción o retirada pueden llegar a comprometer alguno de los derechos o libertades enumerados en el artículo 20 CE.”

¿Nadie duda si la AGPD puede hacerlo?

También el Consejo de Estado  critica que se remite al desarrollo reglamentario la determinación del procedimiento para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la que propone el cierre de webs.

Se critica también la necesidad de aclarar que en el procedimiento judicial son parte los titulares de derechos y libertades -faltaría más-. Pero es que la ley genera un procedimiento oscuro que dejará en mano de los jueces su concreción.

Finalmente, una perla: el Consejo recomienda

“ medidas encaminadas al fomento de las descargas lícitas de contenidos protegidos, a la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor o a la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte grabable se adquiere para copiar material registrado contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual que se persigue.”