Archivar en la categoría ‘Derechos y libertades’

Ud. puede descargar los siguientes audios en formato mp3. Se recomienda descargar con el botón derecho, “guardar como”.

Lamentablemente, por problemas técnicos, no se han podido grabar todas las sesiones, si bien, se dispone de más de 30 de las ponencias así como de los debates de las mismas.

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Puede descargarse el audio de mi ponencia: “Privacidad en el Gobierno Abierto. Cuestiones pendientes” en el “I Congreso Internacional sobre Open Government: teoría y realidad del Gobierno Abierto” organizado por la Universitat de València, la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL y la Red Derechotics, celebrado en Valencia los días 21 y 22 de noviembre de 2013.

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Puede descargarse el audio .mp3 así como visualizar el vídeo de mi ponencia: “Transparencia administrativa y Gobierno abierto”, en  Congreso internacional “La transparencia como instrumento de innovación de la Administración Pública”,  Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha – Facultad CC. Jurídicas y Sociales de la UCM- Toledo, 11 y 12 noviembre de noviembre de 2013. Un acto formidable bajo la dirección de Isaac Martín Delgado

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Acceso a este vídeo y todos los del Congreso, a saber: Seguir leyendo »


El TEDH acaba de hacer pública la sentencia Delfi AS contra Estonia, de 10 de octubre 2013
Asimismo ha publicado un dossier sobre INTERNET Y TEDH
Sobre el caso, puede seguirse la nota de prensa en inglés AQUÍ
y la sentencia en inglés AQUÍ
Valga de momento este resumen a partir de la traducción automatizada que he preparado. Sin duda parece de todo interés.
El caso se refería a la responsabilidad de un portal de noticias de Internet los comentarios ofensivos que fueron publicadas por los lectores debajo de uno de sus artículos de prensa en línea. La sociedad demandante se quejó de que se le hizo responsable de los comentarios de sus lectores y ello violó su derecho a la libertad de expresión.
El Tribunal sostuvo que no había habido violación de (libertad de expresión) del artículo 10 de la Convención. Se encontró que la declaratoria de responsabilidad por los tribunales estonios era una restricción justificada y proporcionada a la derecha del portal a la libertad de expresión , en particular, debido a que: los comentarios fueron muy ofensivos, el portal no pudo evitar que se conviertan en público , se benefició de su existencia , pero permitieron que sus autores permaneciesen en el anonimato , y la multa impuesta por las cortes de Estonia no fue excesiva.
De interés particular fue la conclusión del Tribunal sobre la cuestión de la legalidad de la injerencia en el derecho de la sociedad demandante a la libertad de expresión. Aunque la empresa demandante había alegado que la Directiva de Comercio electrónico de la la UE  transpuesta a la legislación estonia , le otorgaba la exención de responsabilidad, el Tribunal consideró que es cuestión de los tribunales nacionales resolver los problemas de interpretación del derecho interno , y por lo tanto no se refirió la cuestión de la legislación europea-.

Como sabemos la cuestión tiene mucho que ver también con el Caso Google-AGPD del que hay conclusiones del Abogado General TJUE a favor de Google protegiendo la libertad de expresión y la exención de responsabilidad. La cuestión ha sido objeto de mi ponencia en la Asociación de Constitucionalistas de España en 2013 y de próxima publicación.


Acabo de conocer la Sentencia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 144/2013, de 4 de marzo de 2013, en el recurso nº: 748/2010 (Ponente Xiol Ríos, Presidente). Acceso completo en word aquí http://goo.gl/samWX

Esta sentencia se une a las anteriores: SSTS de la Sala 1ª 773/2009, de 9/12/2009 -caso Asociación de internautas-; 316/2010, de 18/05/2010- caso quejasonline-, 72/2011, de 10/02/2011- caso alasbarricadas.com- y 172/2012, de 3/04/2012 -caso megakini, sobre art. 15- y 742/2012 de 4/12/2012 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2012, casomerodeando.com, sobre artículo 17). No obstante, también aclara, consolida o incorpora nuevos argumentos de interés. Seguir leyendo »



Aún sin numerar, se conoce el texto de la sentencia del Tribunal constitucional sobre la ley de extranjería [ACCESO AQUÍ] y de régimen local y protección de datos. He hecho un RESUMEN del texto [AQUÍ] de la misma para mayor comodidad.

Sin perjuicio de cualquier consideración de oportunidad política de la ley, que no me corresponde a mí, ni al TC, entiendo que es una sentencia suficientemente razonada que aplica las reglas generales de los límites a los derechos fundamentales.  A diferencia de otras claras restricciones del derecho a la protección de datos que no tienen suficiente  cobertura legal (como la videovigilancia privada), aquí había una ley orgánica clara y finalidades evidentes no irrazonables.

Podrá gustar o no, pero si la ley de extranjería prohíbe la estancia ilegal, perseguir la estancia ilegal es una finalidad legítima que puede llegar a legitimar la restricción de un derecho. Además, en el análisis de la proporcionalidad, como luego se comenta, el TC no se queda corto. Es posible extraer criterios para el futuro respecto del marco constitucional de la cesión de datos entre administraciones que pueden ser importantes. La novedad a este respecto es sobre todo que sea el TC quien haga las afirmaciones.  Seguir leyendo »


(bajo voy actualizando mi reflexión sobre alcance jurídico posible de esta sentencia).

Texto sentencia Nota de la AGPD El tema es para estudiarlo a fondo y con más calma, pero en primera lectura entiendo viene a suponer un fuerte estirón de orejas a la línea de SOBREprotección de datos española. En concreto se censura que sólo se vengan a admitir los  tratamientos de datos en los  que se cuente con consentimiento o sean estrictamente relativos a fuentes accesibles al público. El TJUE recuerda que caben tratamientos de datos más allá de las fuentes accesibles y con la debida ponderación con otros derechos (como la libertad de expresión e información, digo yo) e intereses legítimos (no sólo otros derechos fundamentales).

Pese a que la Nota de la AGPD diga que no es una revolución, los efectos de esta sentencia sí  podrían serlo en la línea de debilitar la actual SOBREprotección de datos y en la línea en la que bastante en solitario defiendo por estos lares hace años.

En mi trabajo sobre fuentes accesibles-medios de comunicación recordaba que es un error centrarse en las fuentes accesibles, la libertad de expresión, por ejemplo, evita la necesidad de consentimiento, de información, etc.

(actualizo ahora mi comentario sobre los posibles efectos de esta sentencia)

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Comentario noticia en El País

Sentencia del TJUCE (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011, en el asunto C‑70/10, Scarlet Extended SA y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Acceso texto sentencia

He puesto a disposición un resumen subrayado de esta importante sentencia.

Además de los extractos de interés de la noticia de prensa, bajo, me permito destacar:

-La propiedad intelectual no es un derecho en paridad con los derechos fundamentales implicados, éste debe ser un importante punto de partida a la hora de proteger la propiedad intelectual.

-La sentencia no sólo  ve en juego  la privacidad que siempre domina estos temas, sino que es especialmente importante que se tenga en cuenta que está en juego el derecho de recibir información , que quedaría perjudicado por un control que afectase a contenidos lícitos.

-No se afronta la cuestión desde la perspectiva del secreto de las comunicaciones. La sentencia se ciñe a protección de datos y libertad de información, probablemente para no marearse. Ahora bien, no hay que excluir que sistemas de filtrado que impliquen un análisis de contenidos de las  comunicaciones para en razón de ello restringirlas, desviarlas, etc. pudieran también afectar al secreto de las comunicaciones.  El tema afecta a la neutralidad de la red, pero la sentencia no se mete en ese lío.

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Aún no tiene número esta importante sentencia de 7 de noviembre de 2011.

En el siguiente documento .pdf descargable he puesto el texto de esta entrada por si es de utilidad (3 páginas).

Resumen y comentario a la importante sentencia de 7 de noviembre de 2011 del Tribunal Constitucional español

Se recurre de amparo por una condena por delito de pornografía infantil por haberse fundado la condena en prueba de cargo obtenida con vulneración del derecho a la intimidad. El informático al que se llevó a reparar el ordenador localizó fortuitamente ficheros pedófilos y lo denunció y la Policía registró preliminarmente el ordenador accediendo también a la carpeta de descargas del programa “Emule”. Todo ello sin consentimiento ni autorización judicial ni razones de urgencia.

Mi valoración general:

  • La sentencia asienta interesantes bases y recopilación de su doctrina sobre intimidad, así como desde la perspectiva internacional.
  • La sentencia obvia –por falta de alegación cabe suponer- cualquier otro derecho como el secreto de las comunicaciones o la protección de datos. Si bien, renueva su doctrina de que los correos electrónicos una vez recibidos sólo se protegen por la intimidad, no por secreto de comunicaciones.
  • La sentencia aclara la validez del consentimiento implícito por los propios actos, con especial interés para los informáticos y otros sectores que trabajan con ordenadores ajenos.
  • La sentencia fundamenta bastante bien los motivos por los que considera que sí existía proporcionalidad para no requerir autorización judicial para un registro preliminar del ordenador del delincuente. Pese alguna errata que permite esbozar alguna sonrisa, los motivos son extendibles a otros supuestos y de ahí puede derivarse un precedente razonablemente aplicable a otros supuestos.
  • La sentencia critica que la legislación en la materia sea muy mejorable.
  • Del lado más negativo, seguimos sin orientaciones importantes sobre temas afines como las posibilidades de actuación policial en registros de ordenador en otros supuestos, garantías frente a registros ocultos online, manejo de datos de tráfico por operadores y policía, tratamiento específico de comunicaciones a través de mail, redes, etc.

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De momento he hecho un extracto y selección de algunos elementos de interés, más adelante haré un comentario y cierta valoración:

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de octubre de 2011)